El real y calamitoso estado de la policías municipales en Oaxaca y el resto del país

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En un artículo publicado por el portal Animal Político, que alude a la reciente presentación del documento “Los gobiernos municipales en México, volumen III: seguridad pública, justicia y buen gobierno”, elaborado por el INEGI, Alejandro Vásquez, investigador de Causa en Común detalla lo siguiente:

A partir de los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMyDT) 2021 (1), se describen “las capacidades institucionales de los municipios del país para realizar las tareas de seguridad pública y atender los asuntos en materia de justicia cívica”. La publicación de este documento es un importante insumo para contar con un panorama del trabajo de los gobiernos municipales en la materia.

El documento aporta información relevante para comprender el abandono de las policías municipales al constatar que, al cierre del 2020, 28.2 % de las policías municipales no brindaban a sus elementos seguridad social; la situación resulta particularmente dramática en entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, donde más del 60 % de las policías municipales no los inscribían a alguna institución de seguridad social.

Además, apenas la mitad de las policías brindaban vacaciones y solamente 10.1 % de los municipios ofrecieron prestaciones de apoyo para gastos funerarios y 6.5 % tuvieron apoyos para familiares de elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

En el conjunto de los estados, el 55 % del presupuesto en seguridad pública municipal se destina al Capítulo 1000 dedicado principalmente al pago de salarios, habiendo estados como Tabasco, Colima o Baja California en que esta cifra rebasa el 75 %.

El hecho de que una proporción tan grande del presupuesto se dedique al pago del personal limita los recursos para invertir en infraestructura, equipo o capacitación, y pone en mayor riesgo a los policías. Vale mencionar que Causa en común registró, mediante seguimiento hemerográfico, que entre 2018 y 2022 fueron asesinados por lo menos 1,192 policías municipales, el 53% de los policías asesinados en el periodo.

La mayoría de las notas periodísticas que retomaron el documento del INEGI, sin embargo, no recalcaron todas estas problemáticas, sino un solo dato como pauta para juzgar el estado de las policías municipales: la mitad de los municipios del país cuentan con menos de 1.8 policías por cada cien mil habitantes. Dicho valor está basado en el Modelo Óptimo de la Función Policial y se obtuvo de un promedio entre un supuesto estándar internacional construido por la UNODC (2.8 policías por cada mil habitantes) y el promedio de las entidades federativas al 31 de enero de 2017 (0.8 policías por cada mil habitantes).

Este estándar es problemático en varios niveles. En primer lugar, el supuesto estándar internacional no es tal, sino un promedio obtenido por la UNODC a través de una encuesta a los diferentes países miembros. La misma institución aclara que dicho resultado no es una recomendación de política y recuerda que, además, “los países utilizan diferentes métodos para cuantificar el tamaño de la fuerza de trabajo y para evaluar cuáles instituciones han de incluirse en la contabilidad. […] Asimismo, las tareas desempeñadas por la policía difieren de un país a otro”. (2)

Además, en México se estableció ese estándar solamente para las policías estatales, con lo cual se dejaba a las policías municipales fuera del ámbito de las instituciones relevantes para la seguridad pública. Dicho Modelo ya no se encuentra vigente, pues en 2019 se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que lo sustituyó. En él, se establece que no puede definirse el número mínimo de policías a partir de una referencia poblacional, sino que debe hacerse “conforme a las necesidades operativas […] con base en la estrategia de cuadrantes, sectores de patrullaje y turnos policiales”. (3)

Más allá del número adecuado de policías, es necesario saber el estatus del desarrollo policial de las corporaciones locales. Además de las condiciones de trabajo de los y las policías municipales, que el documento del INEGI nos brinda, requerimos saber el estatus de la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario y la certificación –estas variables las ha estudiado Causa en común para las policías estatales en el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL). (4) Conocer esto nos permitiría contar con elementos para plantear las decisiones de política pública que ayuden a construir policías profesionales, capacitadas y confiables.

Contrario a ello, lo que tenemos en México es un abandono de las fuerzas locales y un acelerado proceso de militarización de la seguridad pública; es urgente detener esto, para ello es necesario contar con estándares y rutas para fortalecer a nuestras policías locales. Las policías municipales son las más abandonadas del país, la pregunta principal en estos momentos no es cuántos policías necesitamos, sino qué tipo de policías, en qué condiciones de trabajo y con qué herramientas y capacidades los necesitamos.

Notas a pie de pagina:

1 Puede consultarse aquí.

2 UNODC. 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal: Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo. Consultado aquí.

3 Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Puede consultarse aquí.

4 Las versiones 2017 y 2018 de INDEPOL pueden encontrarse aquí.

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