Acatará AMLO restricciones del INE sobre tema electoral, pero bajo protesta
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que le impiden hacer comentarios sobre las elecciones del próximo año, pero las calificó de injustas y aseguró que las hace bajo protesta.
“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México… estén lazados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad”, espetó el mandatario.
La Comisión de Quejas del INE le ordenó al presidente López Obrador que se abstuviera de hablar sobre los aspirantes presidenciales, especialmente sobre la senadora Xóchitl Gálvez, quien presentó una queja el pasado 11 de julio. Sin embargo, el mandatario dijo que como el INE no le ha notificado formalmente que no puede hablar sobre dicha legisladora, exhibió contratos de supuestas empresas de Xóchitl Gálvez y de sus familiares que obtuvieron contratos con dependencias gubernamentales.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mostró que entre 2015 y 2018, la empresa High Tech Services, de la que es socia la entonces alcaldesa de Miguel Hidalgo, facturó 27 millones 643,574 pesos por contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Según los datos que presentó AMLO, la empresa, ubicada en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, se dedica a realizar construcciones comerciales, institucionales y de servicios, servicios de ingeniería, consultoría ambiental, inspección de edificios, entre otros.
Además, mostró que la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, en la que son socios Diana Vega Gálvez y María Fernanda Flores Gálvez, familiares de la senadora según el presidente, recibió 49 millones 259,694 pesos por contratos con el sector público como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos, Secretaría de Salud y la Sedena, entre 2015 y 2023.
