Expropia AMLO tramos ferroviarios a Ferrosur; marinos allanan instalaciones, trabajadores quedan en el limbo
Desde las primeras horas de este viernes, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México asumieron el control de tres tramos ferroviarios ubicados en el estado de Veracruz, mismos que estaban a cargo de la empresa Ferrosur S.A. de C.V., filial de Grupo México, conforme al título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998 y su posterior modificación difundida el 29 de noviembre de 2012.
Lo anterior, tras la publicación de un decreto en el medio de difusión oficial que declara como de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario en las líneas Z —con una longitud de 91.219 kilómetros—, ZA —con una longitud de 11 kilómetros— y FA —con una longitud de 18 kilómetros—, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente.
De acuerdo con el segundo punto del decreto en comento, se ordenó “la ocupación temporal inmediata a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, por parte del personal naval.
“La Secretaría de Marina integró el expediente de ocupación temporal, en el cual consta el dictamen técnico que justifica las causas de utilidad pública y de seguridad nacional y que, por tanto, procede la ocupación temporal inmediata de los bienes y derechos objeto de la concesión otorgada a Ferrosur”, refiere el documento publicado en el medio de difusión oficial.
En el decreto tambien se ordena que, “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.
En este sentido, el tercer punto resolutivo refiere que, Ferrosur y demás propietarios e interesados legítimos de los bienes y derechos que podrían resultar afectados contarán con diez días hábiles únicamente para controvertir el monto de la indemnización, conforme lo dispone el artículo 11 de la Ley de Expropiación.
“Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen”, estatuye el numeral indicado.
Por su parte, Grupo México informó a través de un comunicado que, “la sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”.
“La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir”, comentó la firma en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
A consecuencia de la expropiación y posterior allanamiento por parte de las fuerzas armadas, los títulos del conglomerado industrial cayeron 4.2%, de 83.77 a 80.21 pesos en el mercado de valores mexicano; en tanto que, los empleados de Ferrosur están en la incertidumbre porque no saben qué pasará con su fuente laboral y si serán liquidados conforme a la ley.
El decreto, que afecta 120.219 de los 1,500 kilómetros de vía férrea, fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, 19 de mayo, un día después de emitir el llamado “decretazo” por el que reserva la información de algunas de sus obras insignia bajo el argumento de seguridad nacional e interés público.
Según el diario El País, “este golpe a los negocios de Larrea se da en la víspera de que se dé a conocer al comprador de Banamex, una transacción valuada en más de 7,000 millones de dólares, donde el postor más firme es, precisamente, el magnate millonario” German Larrea, con quien el presidente López Obrador se reunió en dos ocasiones durante esta semana.
Los desencuentros entre el segundo hombre más rico del país y el político datan de hace más de un lustro, cuando en el marco de las elecciones presidenciales 2018 Larrea llamó a no votar por el entonces candidato de Morena. Siendo presidente, López Obrador “ha recordado frecuentemente, según el diario El País, los escándalos de Grupo México: desde la tragedia en Pasta de Conchos —en la que murieron 65 mineros— en 2006, hasta el derrame fatal de una mina en Cananea, Sonora, en 2014”.
Con información de Yadira Paredes, DOF, El País y El Economista.