Ciudad de Oaxaca. – El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca determinó no ratificar en su puesto a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJO) contra quien había señalamientos de corrupción y tráfico de influencias.
Por ello en sesión extraordinaria, con 31 votos a favor, el pleno del Congreso Local determinó no ratificar o reelegir a José Luis Ríos Cruz en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, donde tenía más de 8 años en el cargo.
De acuerdo con los diputados, el magistrado José Luis Ríos Cruz se negó a comparecer hasta en tres ocasiones ante la Comisión Permanente de Administración de Justicia para ser evaluado en el proceso de ratificación de su cargo, aun cuando fue plenamente notificado.
En consecuencia la presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, la diputada de Morena Liz Arroyo Rodríguez, informó que ante la actitud evasiva expuesta por el magistrado se violentó gravemente la Constitución.
Abundó que, esto afectó de manera grave la confianza y dejó un claro mensaje de corrupción y tráfico de influencias al interior del Consejo de la Judicatura de Oaxaca, “por lo que en nombre del pueblo de Oaxaca reprobamos su actitud, pues nadie puede estar por encima de la Constitución”, sentenció.
Antes en sus redes sociales acusó, al magistrado de desobedecer al Poder Legislativo, porque trató de evadir su responsabilidad tratando de valer un juicio de amparo que fue desechado por un juzgado de distrito.
“Esto lo único que demuestra es que el poder judicial, ha sido siempre un poder privilegiado de los conservadores que gozan de aplicar la ley a su conveniencia, pero que se rehúsan a someterse a ella, creyéndose un poder absoluto e intocable”.
Añadió que el Poder Judicial, es la instancia responsable de aplicar la ley, y debe ser el primero en someterse a este procedimiento de evaluación.
La diputada Liz Arroyo hizo en consecuencia un llamado a los integrantes del Poder Judicial, para que se dejen de pretextos y comparezcan ante el Congreso las veces que sea necesario ante los cuestionamientos y quejas que hay por sus acciones en perjuicio de la sociedad y la justicia.