David Armando Estrada Gallegos
Es claro que toda democracia constitucional se compone de un núcleo básico que le da identidad a todo Estado contemporáneo que busca guiarse por tales principios, los cuales podemos escindir en tres ejes: 1) una Constitución como norma jurídica que vincula a todos los poderes, y que recoge en su texto una serie de principios que le dan forma a la estructura del Estado de Derecho y a un sistema democrático que fija las reglas sobre quién y cómo deben tomarse las decisiones colectivas; 2) un principio de división y control del poder para equilibrar al mismo, y 3) el reconocimiento de una serie mínima de derechos que se convertirán, como diría Luigi Ferrajoli, en la esfera de lo indecidible para el poder público, esto es, de aquello que las autoridades no pueden hacer o dejar de hacer.
Si los 3 puntos anteriores los usamos como marco analítico para observar la realidad política actual, podremos inferir: 1) que para el gobierno actual la Constitución es un documento político supeditado y reformable a voluntad de una sola fuerza política, y no una norma jurídica que marque los límites y vínculos de su actuación. Desconociendo, con ello, que todas las disposiciones constitucionales son la expresión de una pluralidad de ideologías establecidas en diversas temporalidades que han buscado el desarrollo económico, político y social del país; lo cual, además, ha permitido dotar de seguridad jurídica a las relaciones entre gobernantes y gobernados; 2) que los derechos fundamentales precisan de garantías primarias y secundarias. Las primeras en manos del poder político, y las segundas en manos del órgano jurisdiccional activables para cuando las primeras fallen. Ante la ausencia y/o deficiencia de algunas de estas garantías estaríamos, como diría el mismo Ferrajoli, ante una laguna que debe ser colmada por el poder representativo.
Así, si vemos los acontecimientos de los últimos meses de este año (las críticas al Poder Judicial, la iniciativa para acotar el alcance de la suspensión del acto reclamo en el juicio de amparo, la insistencia de reformar la estructura del Poder Judicial de la Federación, etc.), podremos observar que nuestro Estado constitucional y democrático puede llegar a erosionarse gravemente si dichas tendencias de reformas se hacen no como un espacio para mejorar nuestras instituciones, sino como idea -infundada- de que las mismas son un obstáculo para el avance del país.
En este sentido, desdibujar los límites constituciones del control del poder por decisiones unilaterales y no como consecuencia de una consenso plural e incluyente, implicaría acercarnos a un Estado donde el gobierno de los hombres prevalece sobre el gobierno de las leyes. Dicho de otra forma, de seguir la tendencia que se ha articulado en los últimos tiempos se daría pie a concentrar el poder en una sola mano, y con ello se desdibujarían los contrapesos que representan los otros poderes en las democracias constitucionales. Asimismo, en vez de colmarse las lagunas que hay en el sistema jurídico para domesticar al poder, éstas se volverían más grandes y el poder dejaría de tener sus límites claros.
Así, a la idea primaria de que la Constitución es vista de manera displicente por el poder político actual, subyace de manera consecuente el problema de la desconfianza social, política y económica que se genera al actuar al margen de los límites constitucionales o al buscar imponer la voluntad unilateral sobre lo principios de una norma construida con el consenso y con la pluralidad de ideas que caracteriza a todo Estado democrático. Es decir, lo que en un principio parece ser un problema de límites normativos al poder público podría derivar en problemas que van más allá de éste, pues esta serie de reglas mínimas que deben obedecerse son establecidas para dotar de certeza al desarrollo económico y el progreso social del país, y no para ir en contra de éste. De ahí la importancia del respecto a los postulados constitucionales y del fortalecimiento del Estado de derecho. Pues ante la ausencia de uno y otro se da paso a la desconfianza social y a la economía del país.